El Fiscal General Bonta demanda al famoso propietario Mike Nijjar y a PAMA Management por violar las leyes de vivienda de California y aprovecharse de inquilinos

OAKLAND — El Fiscal General de California, Rob Bonta, presentó una demanda contra un grupo de empresas de administración de propiedades y holdings inmobiliarios propiedad del magnate de viviendas de alquiler del sur de California Swaranjit “Mike” Nijjar, su hermana Daljit “DJ” Kler y otros miembros de su familia. La demanda, tras una investigación de tres años, alega que las empresas de Nijjar, conocidas comúnmente como PAMA Management, violan de manera atroz numerosas leyes de California al someter a los inquilinos a unidades inseguras marcadas por plagas de cucarachas y roedores, techos con goteras, desbordamiento de aguas residuales y otros problemas. La demanda también alega que las empresas discriminan a los solicitantes con vales de vivienda de la Sección 8, cobran alquileres excesivos a algunos inquilinos y utilizan contratos de alquiler que engañan a los inquilinos sobre sus derechos legales, entre otras violaciones. La mayoría de los inquilinos que viven en propiedades de PAMA tienen ingresos bajos o fijos, y muchos se enfrentan a la horrible elección entre soportar condiciones graves y a veces catastróficas o quedarse sin hogar. En la denuncia que se presentó hoy en el Condado de Los Angeles, el Fiscal General Bonta solicita sanciones, restitución total por el daño financiero sufrido por los inquilinos, restitución de las ganancias obtenidas de manera ilícita y medidas cautelares que prohíban al Sr. Nijjar, a PAMA y a las empresas relacionadas continuar con estas prácticas comerciales ilegales y atroces. 

“PAMA y las empresas propiedad de Mike Nijjar y su familia son conocidas por sus condiciones deplorables y precarias, algunas tan malas que los residentes han sufrido resultados trágicos. Nuestra investigación sobre las propiedades de Nijjar reveló que PAMA se aprovecho de familias vulnerables, negándose a invertir los recursos necesarios para erradicar las plagas, reparar techos anticuados e instalar sistemas de plomería que funcionen, todo mientras engañaba a los inquilinos sobre sus derechos a demandar a su propietario y exigir reparaciones”, dijo el Fiscal General Bonta. “Sin embargo, Nijjar y sus asociados han tratado demanda tras demanda y violación del código tras violación del código como el costo de hacer negocios y se les ha permitido operar y cobrar cientos de millones de dólares cada año a familias que duermen, se duchan y alimentan a sus hijos en condiciones insalubres y deplorables. Ya es suficiente. Hoy intervengo. Estoy agradecido con todas las personas que dieron un paso al frente, incluido el Equipo de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia, los periodistas de California que dieron la voz de alarma, los funcionarios encargados de hacer cumplir el código local que responden de manera incansable a las quejas de los inquilinos y, sobre todo, los inquilinos de PAMA que hablaron sobre sus angustiosas experiencias.” 

Antecedentes

La familia Nijjar y sus empresas relacionadas poseen y administran más de 22,000 unidades de vivienda de alquiler en todo el estado, principalmente en vecindarios de bajos ingresos en los Condados de Los Angeles, Riverside, San Bernardino y Kern, pero también se extienden hasta los Condados de Sacramento y San Joaquin. Los funcionarios encargados de hacer cumplir el código en estas comunidades citan rutinariamente las propiedades de la familia Nijjar por violar las normas mínimas de habitabilidad. En los últimos años, las empresas de la familia han resuelto docenas de demandas alegando defectos de habitabilidad y condiciones inseguras; estas demandas afectaron a cientos de inquilinos, incluidos algunos niños que resultaron gravemente heridos en propiedades de PAMA. En 2016, un bebé murió en un incendio en una de las casas móviles de PAMA en el condado de Kern, que no estaba permitida para la ocupación humana. 

A pesar de todo, esto ha sido la practica de negocio en curso para Mike Nijjar y sus entidades corporativas: siguen con la compra de propiedades nuevas, ignoran las peticiones de reparaciones de los inquilinos y operan bajo una lista cada vez mayor de nombres de empresas que lo hace aun mas dificil que los inquilinos sepan a quién le están alquilando. Los inquilinos pueden conocerlos por los nombres de sus empresas de administración de propiedades actuales y recientes: no solo PAMA Management, sino también I E Rental Homes, Bridge Management, Equity Management, Golden Management, Hightower Management, Legacy Management, Mobile Management, Pro Management y Regency Management.  

Luego de una extensa cobertura mediática por parte de la prensa y las partes interesadas, el Departamento de Justicia de California inició una investigación sobre PAMA a fines de 2022 que descubrió violaciones generalizadas de habitabilidad y otras violaciones graves de los derechos de los inquilinos. 

Violación de las normas básicas de habitabilidad 

La demanda del Fiscal General alega que, al no realizar un mantenimiento adecuado de las unidades, PAMA y las empresas relacionadas pusieron en riesgo inmediato la seguridad y la salud de los inquilinos. Las unidades PAMA sufren amplios problemas de mantenimiento, entre los más comunes se encuentran:

• intrusión de agua debido a goteras en los techos y plomería anticuada; 
• daños estructurales causados por la intrusión de agua y el mantenimiento retrasado;
• mal funcionamiento de las tuberías, incluidas las aguas residuales superficiales; y 
• plagas de cucarachas y roedores. 

Estas violaciones no son sólo un error; son parte de prácticas comercialesen curso. PAMA aplaza las inversiones necesarias en mantenimiento a favor de reparaciones rápidas y baratas; utiliza operarios no cualificados incluso para trabajos especializados; ofrece poca o ninguna formación al personal, muchos de los cuales no tienen experiencia en gestión de propiedades; y no realiza un seguimiento sistemático y rutinario de las solicitudes de mantenimiento, que a menudo se pierden o nunca se completan. PAMA está al tanto de estos problemas y sabe que sus operaciones generan condiciones inhabitables, pero estas prácticas comerciales han persistido durante años.

Cláusulas de alquiler engañosas

La demanda también alega que PAMA y las empresas relacionadas celebraron decenas de miles de contratos de alquiler con cláusulas ilegales y engañosas que intentan invalidar los derechos garantizados por la ley. Estos derechos incluyen el derecho del inquilino a demandar a su propietario y presentar su caso ante un jurado; a realizar reparaciones que el propietario descuidó y deducir el costo de dichas reparaciones del alquiler; y a que el propietario ejerza un deber de cuidado para evitar lesiones personales o daños a la propiedad personal.

PAMA también violó la ley de California al negarse a proporcionar traducciones en español de estos contratos de alquiler y otros documentos importantes, a pesar de solicitar de manera intencionada inquilinos hispanohablantes a través de publicidad en dos idiomas y la contratación de empleados hispanohablantes para llenar unidades vacantes y comunicarse con los inquilinos.  

Discriminación contra inquilinos con vales de la Sección 8 

La demanda alega además que PAMA y las empresas relacionadas discriminan a los solicitantes con vales de la Sección 8 que buscan una vivienda. Los vales de la Sección 8 ayudan a las familias de bajos ingresos a alquilar viviendas a propietarios privados, lo que permite que la familia pague parte del alquiler mientras el gobierno paga el resto. En California, es ilegal discriminar a un inquilino o solicitante de vivienda en función de su fuente de ingresos, incluida la recepción de asistencia de alquiler de la Sección 8. Las empresas de administración relacionadas con PAMA han violado la ley al decirles a los solicitantes con vales que hay una lista de espera para las unidades o que no hay unidades de alquiler disponibles, incluso cuando de hecho hay unidades disponibles y se están alquilando a solicitantes sin vales de la Sección 8. 

Aumentos ilegales de alquiler y otras conductas indebidas

La demanda del Fiscal General también alega violaciones a la Ley de Protección de Inquilinos de California (TPA) en más de 2,000 unidades, donde PAMA y empresas relacionadas trasladaron ciertos costos obligatorios de servicios públicos, que solían ser pagados por el propietario, a sus inquilinos. Para los inquilinos protegidos por la TPA, es ilegal que los propietarios ignoren el límite de alquiler cuando exigen a los inquilinos que paguen tarifas o cargos de servicios públicos nuevos o mayores. La denuncia alega que estas empresas comenzaron a cobrar a los inquilinos por servicios públicos compartidos, como el agua, a través de un sistema de facturación de servicios públicos proporcional, conocido como “RUBS”, obligando a los inquilinos a pagar cargos por servicios públicos que estaban fuera de su control. La combinación de estas nuevas tarifas de servicios públicos y los aumentos anuales del alquiler resultaron en aumentos totales de hasta el 20%: más del doble del límite de alquiler de la TPA. Además, PAMA y las empresas relacionadas violaron los requisitos de notificación de la TPA al no incluir en los contratos de alquiler de los inquilinos las divulgaciones exigidas por ley para que el inquilino sepa si las protecciones de la TPA (que incluyen controles de aumento de alquiler y limitaciones a los desalojos) se aplican a ellos. 

Además de las violaciones anteriores, la demanda alega que PAMA y las empresas relacionadas emitieron avisos de desalojo ilegales a docenas o cientos de inquilinos, y también que las empresas no han cumplido con los requisitos básicos de licencia inmobiliaria desde 2020.

Se alienta a cualquier persona, incluidos inquilinos actuales o anteriores, que tenga información que pueda ser relevante para este caso a que comparta sus historias con nuestra oficina en oag.ca.gov/report. 

Para obtener más información sobre sus derechos como inquilino, consulte aquí.

Una copia de la denuncia está disponible aquí.